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Por Walter Celina - 4 de Febrero 2017
¿HACIA EL ESTADO POLICÍACO?


La pregunta de este encabezamiento podría resultar fuerte. Solo si valoramos la circunstancia de haber readquirido una estructura institucional, en general democrática, sustentada en luchas históricas por la libertad y el bienestar colectivo.
Escudriñando en algunos campos poco vistos, puede advertirse, no obstante, la existencia de procedimientos indagatorios irregulares a tenor del derecho vigente.
Un estado policíaco sería aquel en que se ejerce una vigilancia -estable o acrecentada- sobre ciudadanos e instituciones, sea por organismos oficiales, por entidades particulares, con o sin el visto bueno de las oficiales. Todo esto guarda relación con la esencia del Estado como monopolizador de la fuerza.

Las formas de espiar obedecen a fines determinados y eluden dejar huellas. La clandestinidad es su medio vital. Practicadas por el Estado, están siempre bajo siete llaves, aún en democracia. Admitido el espionaje oficial como excepcional, no siempre lo es tanto… Y ello supone un choque frontal con los principios republicano-democráticos estampados en la Constitución. No solo en Uruguay.
La Carta Magna Nacional estatuye en su Sección II, Derechos, Deberes y Garantías, Capítulo I, a partir del artículo 7º, créditos en bien de la libertad de los individuos y los amplía, doctrinalmente, por el artículo 332, de la Sección XIX, Capítulo IV.
Luego viene, todo lo de más… ¡Hasta ahí es dónde hay que llegar!

UNA ADVERTENCIA CLARA

La aplicación -cada vez más generalizada- por los Estados de equipos de interceptación de las comunicaciones y otros de vigilancia, muy sofisticados, ha desatado reacciones legítimas en la sociedad. El combate al crimen, en sus diversas formas, tiene que cumplirse sin menoscabo de las garantías básicas del ciudadano. De la no injerencia de unos estados fuertes en la vida de los que son débiles y, aún, de los que no lo sean tanto. O de empresas transnacionales de países vigorosos operando sobre gobiernos y sociedades ajenas.
La reiterada lesión de derechos perpetrada condujo a la presentación de un informe de Naciones Unidas y OEA, en junio de de 2013. Hizo apreciaciones relevantes (1).
Estos son algunos de los elementos del parágrafo sobre los Deberes de Publicidad y Transparencia, desagregados por conceptos:

-“Toda persona tiene derecho a acceder a información bajo el control del Estado. Este derecho incluye la información que se relaciona con la seguridad nacional, salvo las precisas excepciones que establezca la ley, siempre que estas resulten necesarias en una sociedad democrática.”

-“Las leyes deben asegurar que el público pueda acceder a información sobre los programas de vigilancia de comunicaciones privadas, su alcance y los controles existentes para garantizar que no puedan ser usados de manera arbitraria. En consecuencia, los Estados deben difundir, por lo menos, información relativa al marco regulatorio de los programas de vigilancia; los órganos encargados para implementar y supervisar dichos programas; los procedimientos de autorización, de selección de objetivos y de manejo de datos, así como información sobre el uso de estas técnicas, incluidos datos agregados sobre su alcance.”

-“En todo caso, los Estados deben establecer mecanismos de control independientes capaces de asegurar transparencia y rendición de cuentas sobre estos programas.”

¡PIEDRA! AL CANGREJO DE BONOMI

El 12.03.2015 el Ministerio del Interior (2), bajo el alegre título de “El Guardián: garantías para todos menos para la delincuencia”, señaló que el “sistema adquirido recientemente, establece un único sistema de interceptación legal en contraproposición a los más de 20 sistemas con que cuenta -hasta hoy- esta cartera.”
Se admite que las “interceptaciones legales se realizan en el país desde que existen las comunicaciones.” Anota, sobre las pesquisas ocultas, que “su carácter legal está dado por la disposición expresa del Juez competente en el marco de una investigación de carácter penal.”
Sólo que a este rompecabezas le faltan algunas piezas, lo que ha sido denunciado y se verá.

Mientras tanto, adviértase: más de 20 mecanismos (¿cuántos más?) inmiscuyéndose, de manera oblicua, en la vida de los investigados. Solo en el ministerio policial. A los que cabe agregar la diversidad de los que operan en las tres ramas clásicas de las Fuerzas Armadas y otros, sueltitos, del propio Estado y de embajadas extranjeras.
El mecanismo de compra del instrumental para El Guardián fue rodeado de exenciones tributarias y del mayor secreto. Se conoció en qué estaban Eduardo Bonomi/Jorge Vázquez a través de una información de prensa, en junio de 2013.
El proceso para la obtención de informes fue arduo. Paneos de televisión de 2016 han permitido ver algunas de las instalaciones donde funciona este “auxiliar de inteligencia”, lo que no es mucho. Se admite que, ahora, en simultánea, se podrán captar 800 celulares, pinchar 200 unidades de telefonía fija e intervenir correos electrónicos y redes sociales con gran amplitud.

OBJECIONES AL NUEVO GENDARME

Varias entidades, entre ellas CAinfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública); DATA (Datos, Transparencia y Acceso a la Información); IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay); Amnistía Internacional Uruguay; Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay; Creative Commons Uruguay, han insistido en la importancia de un protocolo que regule, con garantías suficientes, el uso del nuevo instrumental. Han advertido que el Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL) dará soporte administrativo al flujo de solicitudes de interceptaciones, decisiones de los magistrados penales y respuestas de las operadoras de telecomunicaciones, sin que el Poder Judicial, ni la Fiscalía General tengan otras atribuciones ni contralores.

Preocupa que el monopolio del Poder Ejecutivo en el sistema se haya dado sin explicación de los criterios y tecnologías que se utilizan; si estas cumplen estándares de la Ley 19.179 (software libre); o qué alcance y destino final ha de tener cada archivo recabado sobre cualquier persona, más en particular, sobre aquellas en las que no recaigan imputaciones de delitos o faltas.
Esto ha sido una muestra pequeña, pequeñísima.
¡Qué el delito, que debe perseguirse, no se transforme en una pantalla para avasallar los derechos de la gente!


NOTAS

(1): Relatoría Especial de Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión/Idem Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Declaración conjunta acerca de los programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión.

(2): UniCom - unicom@minterior.gub.uy