Con la euforia propia de quienes ajustan su vestimenta para el ceremonial del poder y, probándose anticipadamente la indumentaria con que asistiría como Secretaria de Educación y Cultura al Consejo de Ministros, la Dra. María J. Muñoz se expidió -como se recordará- sobre el complejo tema de la organización fiscal.

Anunció que esta actividad (que se encuentra albergada bajo la sombrilla institucional del referido ministerio) pasaría, por simple decreto, a depender directamente de la Presidencia.

Sabidos fueron los cabildeos posteriores. Marchas, contramarchas, desmentidos y, la mención a un nuevo proyecto de ley -que se sumaría a otro remitido por José Mujica-, del que dejó de tenerse noticia.

Es mejor hablar claro. Disfrazar la realidad argumentando sobre la asepsia política de algunos estamentos oficiales sería como negar que dos y dos suman cuatro.

Los intérpretes del derecho, en función de sus percepciones filosóficas o ideológicas -o como quiera llamársele-, no dejan de apreciar las normas aplicables según la tonalidad de su cristal; más aún, cuando las reglas objetivas dadas por la legislación -que todo no lo pueden abarcar- dejan margen para más de una opinión razonable. Tiene algún sentido pues, hablar de dos bibliotecas. No siempre. Menos, a cada rato.

La dualidad puede observarse con nitidez en las determinaciones de los Tribunales de Justicia o de la Suprema Corte. Aparecen votos discordes. Más de una opinión para dilucidar un problema jurídico. La pluralidad existe, más allá que se trate de asuntos que deben ceñirse a requisitos técnicos legales. Obviamente, no se puede sentenciar de cualquier forma. Pero ¡vaya si en cada decisión que se adopta gravita el peso de una concepción democrática o de otra rígida y, aún, proclive a un sesgo autoritario!

En la nueva legislación que Uruguay viene adoptando para el proceso penal y en la proyectada del código respectivo -acordada en principio, pero no sancionada-, los Fiscales tendrán un papel muy dinámico.

Si “la justicia se politiza” o “la política se judicializa” -en cualquiera de los casos-, el Poder Ejecutivo aspirará -por lógica política- a no perder las riendas de un instituto como es el de las fiscalías que, históricamente, ha tenido entre sus manos. En democracia y bajo dictaduras.

El gran asunto a resolver es cómo un Ejecutivo “respetuoso de la Constitución y de la ley” administra este brazo, cuya función es coadyuvar a impartir justicia con el mayor grado de imparcialidad.

Importa -y mucho- que el Poder Ejecutivo brinde al Poder Judicial una asistencia descontaminada de gérmenes nocivos, provengan del partidarismo; de los intereses extranjeros introducidos a través de enormes capitales, conducidos por sociedades y bufetes profesionales; del narcolavado; del crimen organizado, etc.

Asegurar la independencia fiscal, proteger la persona de cada agente, galvanizar su centro operativo y dotarlo de los medios para el cumplimiento de una función pública de alta calidad, fortalecería la institucionalidad republicano-democrática.

Culminado el regocijo carnavalero, qué tanto estremece a Doña María J. Muñoz, es de esperar que ahora -calzando el coturno ministerial- no sorprenda más a la opinión pública -y a la forense, en particular- con anuncios que por decreto va a hacer lo que -a esta altura tiene que haber aprendido- ¡qué no puede hacer…!

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