INCAUTACIÓN DE UN ARCHIVO

El Portal de la Fiscalía General de la Nación dio cuenta de un importante procedimiento de incautación de documentos de la dictadura cívico-militar.

El allanamiento, cumplido el martes 02.10.2015, fue dispuesto en concordancia por la jueza penal Beatriz Larrieux y el fiscal de la materia Carlos Negro. Tuvo lugar en una residencia del barrio La Blanqueada, donde viviera el recientemente fallecido Cnel. (r.) Elmar Castiglioni y contó con la presencia de la abogada Rosanna Gavazzo, hija de un conocido militar detenido, labrándose los instrumentos pertinentes.

La requisa posibilitó acceder a “una voluminosa información”, expresa el parte oficial. Se trata, nada menos, que de unas 60 cajas, cuyos contenidos comenzarán a analizarse.

“La Fiscalía General de la Nación -consiga el informe del portal- está comprometida con la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en el marco del terrorismo de Estado. Para ser más eficaz en la persecución de estos delitos se creó una unidad especializada con ese fin.”

El accionamiento fue promovido en la causa que tiene que ver con el secuestro y muerte del Prof. Esc. Fernando Miranda, cuyos despojos vieran luz en 2006, en excavaciones practicadas en el Batallón 13.

Me permitiré acotar que, en la época en que hiciera algunos cursos de abogacía, solía cruzarme con Miranda en los corredores de la Facultad. Su especialidad era el derecho civil. Mantuve con él alguna conversación en la sede de la coalición 1001, agrupación que él representara en la Junta Electoral de Montevideo.

Cuando el estimado profesor fue secuestrado, mi amigo el Esc. Eugenio Cafaro -destituido de su cátedra universitaria- asumió los asuntos del estudio de Miranda, en un gesto ético y de profesionalidad.

La cita precedente sólo quiere trasuntar el rechazo de conductas vesánicas, con el ángulo de la visión particular de quien conoció a la víctima, familiares y amigos.

Hasta aquí, lo que exhibe el accionamiento judicial, sin duda, relevante.

MILITAR DE LA DOCTRINA DE LA “SEGURIDAD NACIONAL”

Pero ¿quién era el militar fallecido, que ocultaba los legajos dictatoriales?

“Estuvo en actividad hasta el año 2006, cuando fue destituido de su cargo en la División I de Inteligencia, (en tareas) enfocada(s) al terrorismo y a analizar información de los medios de comunicación.”, estableció el Portal Subrayado, el 03.10.2015.

El cese del uniformado lo mostró, en todo momento, alineado -con otros militares- con la “doctrina de la seguridad nacional”. Estuvo al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado. El Portal Subrayado citó que en 2013, en el semanario Búsqueda, había calificado de “insignificantes” las muertes de presos en el período de facto.

En agosto de 2011 Últimas Noticias registró que el militar había solicitado un nuevo “pronunciamiento” al Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Rosales Sosa y a integrantes de la cúpula del ejército nacional, reivindicando los fueros y acciones de la vieja oficialidad.

Fue una de las cabezas visibles del movimiento Libertad y Concordia, juntamente con el militar José Carlos Araújo y, partícipe con el Dr. Miguel Langón, de una entente de abogados y oficiales dictatoriales, celebrada en Buenos Aires, denominada Foro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, reportó Montevideo Portal, el 22.08.2014.

El castrense era sobrino de Víctor Catiglioni, exdirector de inteligencia policial, sindicado como un cabecilla del Escuadrón de la Muerte “cazatupamaros”.

Cuando familiares aún buscan a sus muertos y siguen callando quienes mucho saben, surgen legajos de papeles sustraídos y retenidos en un domicilio particular. ¡Servirán para integrar la verdad buscada!