AUSENCIA DE CONTRALORES

Los mecanismos de control de precios fueron reducidos en Uruguay a la mínima expresión. Los abusos se configuran en las más diversas escalas. Y los gobiernos de la era frenteamplista solo se han ocupado de montar unos sistemitas burocráticos de nula significación. Se ha transformado en una burla hasta el derecho básico del consumidor de disponer, con claridad y a la vista, de los precios de las mercaderías. Ello sin hablar de tickets, balanzas, vigilancia de elaboración, trasiegos, etc.

La libertad del zorro en el gallinero cobra víctimas por doquier. Negocios espurios, a gran escala, saltan de país en país. Estallan y ponen en aprietos a los planteles de gobierno y, por extensión, a las fracciones políticas que endiosan los métodos desregulatorios de la economía.

En estos días han cobrado notoriedad internacional manipulaciones empresariales para dominar el mercado de un producto industrial de primera necesidad: el del papel tisú. O sea, el papel higiénico para baño y para otros usos (como pañuelos, servilletería, etc).

El caso tiene valor de ejemplo para Uruguay. En lo referente a este artículo y, en general, por lo atinente a la gama de elementos de consumo popular y de especialidades, como las farmacéuticas, por ejemplo.

CRUZANDO LA CORDILLERA

Importa citar lo que llega desde Chile.

La Fiscalía Nacional Económica acusó a las dos principales papeleras de haber montado un cártel para repartirse el mercado y controlar el precio del papel higiénico y otros productos de higiene, de primera necesidad. La operativa se extendió desde el año 2000 hasta 2011, por lo menos.

Esto gatilló el pedido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que se aplicara una multa de 15,5 millones de dólares a una de las empresas, una sanción moderada en razón que las imputadas solicitaran acogerse a un “programa de delación compensada”. Una eufemística autoacusación…

Paralelamente, se divulgó que métodos empresariales similares, de defraudación pura, eran aplicados en los rubros alimenticios, caso de la comercialización de pollos.

Las dos compañías involucradas en la colusión del papel tisú son: Una, la CMPC, empresa controlada por el Grupo Matte -de las familias más ricas de Chile y tercer grupo económico (según Forbes), solo por detrás de Grupo Luksic y del holding Cencosud. La segunda, es SCA, denominada Pisa hasta el año 2000, propiedad de Gabriel Ruiz-Tagle, quien inicialmente fuera socio de Arturo Matte (del otro nudo), que en 1978 se separara para formar Papeles Industriales (PISA). EL 50% de esta compañía fue adquirido en 2003 por la transnacional sueca Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), por 53,3 millones de dólares. Ruiz-Tagle, principal de la compañía, fue ministro de Deporte durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Las consorciadas controlaron el 90% del mercado de papel higiénico, pañuelos de papel, papel de cocina y servilletas, entre otros. Facturan anualmente 400 millones de dólares. Las marcas que comercializan son Confort, Elite, Nova, Noble y Orquídea en el caso de CPMC y, Favorita y Magiklin, en el de SCA.

Las multas previstas suenan como rasguños en piel de elefantes.

Los mayores productores del mundo de papel de uso higiénico se ubican en Suecia, con la SCA, y en Estados Unidos, con la Kimberly-Clark.

Allá y aquí, un negocio poco higiénico a propósito del papel celulósico. Y del papel, siempre flexible, de los gobiernos que no atienden los intereses populares.-