Cuando culmine el receso parlamentario y se inicie el segundo período de sesiones de la corriente legislatura, estarán sobre las bancas varios informes relativos a la comisión senaturial que investigó la gestión de ANCAP.

Será un acto preparatorio de otro que sobrevendrá: el pasaje a la justicia de los acopios. El legajo de la mayoría oficialista, apenas admitirá defectos de gestión; los restantes oficiarán como suministros primarios como para abrir un proceso indagatorio penal, ante irregularidades mayúsculas y eventuales ilicitos.

El desbarajuste está confirmado de modo inexpugnable. A tambor batiente, en un episodio bien loco, saliendo a la caza de diputados y juntándolos desde todas partes del país y hasta trayendo a uno que estaba veraneando en el mar Caribe, tras la fiesta del nuevo año -el sábado 2 de enero de 2016-, el partido frenteamplista hizo quórum en Representantes y sancionó una ley de asistencia financiera para ANCAP.

Generosamente, con los dineros de Rentas Generales, por 622 millones de dólares que el Ministerio de Economía y Finanzas había prestado al ente, se condonó la deuda. De un plumazo.

Además, para lavarle la cara al balance nefasto de la empresa, se habilitó un préstamo con la Corporación Andina de Fomento por 250 millones de dólares.

Verdadera salvajada antipopular, que deja los pasados acontecimientos de PLUNA como episodios casi menores, de sujetos poco responsables.

El “¡Vamos bien!” fue una mascarada. Una mentira histórica.

Lo insólito de este cruel entuerto de ANCAP es que la izquierda fallida en el poder tenga el tupé de sostener que las denuncias sobre un ente público perforado, esconden el propósito de obrar para desmantelar el área económica del Estado.

Desde luego, el primer gran argumento para esa finalidad de corte neoliberal es, justamente, administrar todo tan mal, como para poner en quiebra a una empresa estratégica, si se tratara de una economía volcada al interés público y no al de un círculo.

El Dr. Ignacio de Posadas, ex ministro de la administración de Luis Alberto Lacalle -aquella que quiso liquidar el patrimonio estatal-, acaba de meterle los dedos en los ojos a Raúl Sendic y su séquito, a Tabaré Vázquez y a José Mujica.

Ha sostenido (1): “El Sr. Sendic, no se dio cuenta de que la empresa que presidía iba derechito a la quiebra? ¿No notó nada especial? ¿Ochocientos millones de dólares perdidos y se le pasó sin sentir una cosquilla? Si fuera así, no hay más remedio que concluir que se trataría de un incapaz.

Suena duro, pero es la definición técnica. Tendría que quedar automáticamente excluido de gestionar nada.

Ahora, si no es un incapaz, debe concluirse que expresa y deliberadamente le escondió tamaño desbarajuste a su partido y, sobre todo, a su compañero de fórmula, lo que, necesariamente, constituye una inmoralidad.

¿Incapaz o inmoral?”

Razonamiento incuestionable, perfecto.

El bufete de este abogado, cuando Lacalle proyectó las enajenaciones, ofrecía a los inversores extranjeros nuestras empresas, con los detalles patrimoniales completos y los números de los empleados en órbita.

¡Si estará baja la cañada qué los gatos la cruzan a los saltitos!

Le mojan las orejas al gobierno ya que ha sido la política del gobierno frenteamplista la que postró ANCAP y la que demuestra torpezas en otros entes, preparando bancarrotas.

NOTA

(1): El País - ANCAP, preguntas - 09.01.2016