LOS ARCHIVOS MILITARES SECUESTRADOS

Hace poco menos de un año, el 3 de octubre de 2016, podía leerse esta noticia en El País, de Montevideo: “Allanan casa de militar retirado e incautan 60 cajas de documentos”.

El procedimiento se efectuó bajo la coordinación de la jueza Beatriz Larrieu y del fiscal Carlos Negro, teniendo lugar donde fuera el domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni, una casa con frente de piedra, en las inmediaciones de Luis Alberto de Herrera y Thompsom, a escasa distancia de donde estuviera instalada la cabeza de la “inteligencia” de la dictadura.

Los datos surgían de la página web de la Fiscalía de la Nación. Allí se consignaba que el accionamiento había tenido lugar el día anterior, en la citada finca del barrio La Blanqueada. Respetando el esquema de garantías, estuvo presente la abogada de los Castiglioni, la Dra. Rosanna Gavazzo, hija de un militar de conocida historia: José Niño Gavazzo, de 76 años, recluido ahora con el beneficio de prisión domiciliaria.

El parte establecía que “con la asistencia de un perito experto en el tema se incautaron unas 60 cajas con documentos, que comenzarán a ser analizados en los próximos días" por la sede penal. ¿Cajas con qué contenidos?: Con “gran cantidad de información sobre la última dictadura uruguaya (1973-1985)”, se consignaba.

Tras un silencio de 11 meses, algo pudo saberse el viernes último y las aguas volvieron a encresparse. Pero, vayamos despacio.

Era sabido que las actividades ilegales de espionaje antidemocrático habían proseguido luego de instaurada la democracia. Y aquellas 60 -o más cajas- comenzaron a volcar secretos de escuchas ilegales, personal infiltrado, seguimientos y otras trapacerías que nada tienen que con los objetivos de un servicio de defensa nacional, propiamente dicho.

El coronel Elmar Castiglioni, muerto a los 62 años, fue Jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado y segundo en el instituto militar CALEN, una pseudo universidad creada por los intelectuales golpistas.

Fue sobrino del Director de Inteligencia Policial, inspector Víctor Castiglioni y de su misma veta ideológica.

Los mandos militares, en el primer gobierno del Dr. Vázquez, adujeron no tener pistas de los archivos del terror, bajo el gobierno de sus predecesores. Pero, a raíz de una operación de contrainteligencia, guiada por la Dra. Azucena Barrutti desde el Ministerio de Defensa, pudo saberse que Elmar Castiglioni había sustraído y guardaba buena parte de los archivos de la OCOA (órgano de coordinación de operaciones antisubersivas), como del SID (servicio de información de defensa).

Lo cierto es que en 2007, en el pequeño excuartel de la reserva nacional, que se ubicara en la calle Dante 2020 (ahora E. V. Haedo) esquina República (1), fueron requisados 1.144 rollos microfilmados, los que se resumieron 51 dvd (discos).

Cuando la Dra. Berrutti deja el Ministerio de Defensa la historia de estos antecedentes entran en una nube errática. Quienes la han piloteado han sido algunos blandos, pusilánimes y/o comprometidos en la desaceleración de los procedimientos para obtener más resultados en las causas por verdad y justicia: José Bayardi, Gonzalo Fernández, Luis Rosadilla, Eleuterio Fernández Huidobro, Tabaré Vázquez y José Mujica.

ABRIENDO LA CAJA DE PANDORA

¿Y ahora, qué? Samuel Blixen, periodista especializado en las violaciones a los derechos humanos (2) siempre que tira de la colcha muestra las patas de alguna sota.

La sede penal ejercida por la Dra. Larrieu pasó a manos de la jueza Dra. Adriana de los Santos, quien debe diligenciar el expediente en trámite. Los análisis encomendados ya fueron cumplidos y, por lo que pudo establecerse las pesquisas militares sobrepasan el período 1973-1985, al que aludió la Fiscalía General cuando hace un año se refirió al decomiso en el exdomicilio de castrense Elmar Castiglioni.

La democracia goza de las fortalezas de la libertad de pensamiento, de su libre expresión, de la difusión sin cortapisas de las ideas y datos. Pero el poder, ejercido por los gobernantes -y no solo por ellos- mantiene, en el férreo armazón del Estado, los servicios que lo auxilian coercitivamente: fuerzas armadas policiales y militares con los infaltables apéndices de la llamada “inteligencia”. Esta es la que profesionaliza a los que espían y, en un plano mayor, la que trata de guiar las políticas.

Recuérdese la “caducidad de la pretensión punitiva del Estado” y sus consecuencias. La congelación de las investigaciones brindada por los presidentes Sanguinetti y Lacalle Herrera, la tibieza -aunque no despreciable- de la Comisión de la Paz, instituida por Batlle Ibáñez y, finalmente, el cuadro borroneado con pasos lentos y retrocesos de Vázquez-Mujica-Vázquez y el asociado principal Fernández Huidobro.

No habla del fortalecimiento de la democracia lo que ahora revelan las cajas negras militares: transgrediendo la legalidad reconquistada. Líber Seregni, José Germán Araújo, Carlos Julio Pereira, Jorge Batlle, José María Sanguinetti, Mirtha Guianze, Pedro Montañez, muchos políticos más, jueces, sindicalistas y organizaciones civiles fueron objeto de escuchas y podrían estar siéndolo.

Deudas viejas y nuevas, impagas; que a más de uno le han aflojado los pantalones.

NOTAS:

(1): En la década de los 50 el Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR), estuvo dirigido por el coronel Raúl Vernengo Battro, militar democrático, de firmes convicciones batllistas, oriundo de Mercedes.

(2): Samuel Blixen, agudo investigador, integrante de la redacción del semanario Brecha.