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Por Walter Celina - 1 de Junio 2017
EL SILENCIO COMO PRIVILEGIO OMINOSO


Ningún ser humano es como es porque si. Cada uno de nosotros respondemos a una serie de causalidades que, finalmente, delinean nuestra personalidad. Desde el ladronzuelo de barrio, que acumula un sin fin de causas, a los delincuentes más peligrosos. Desde quien con su trabajo honesto intenta superar las dificultades existenciales a aquellos que, desde una situación de poder, toman ventajas resistidas por la moral media de los habitantes del país.

He visto, hace pocos días, al jerarca del ejército acompañando al presidente de la nación en un acto público. Aprecié la asistencia -casi exclusiva- de oficiales con graduación y subalternos, aplaudiendo a su jefe desde las tribunas de una sede militar.
He recodado la prosapia política de la familia de origen de tal guía. Ubicada siempre a la derecha del Partido Colorado y, en su tránsito por el siglo XX, en la entusiasta adhesión de algunos de sus miembros a los golpes de estado de marzo de 1933 y de junio de 1973.
He advertido, con irresistible estupor, la gesticulación facial de un discurso con tono de arenga; examiné conceptualmente los circunloquios empleados para derramar hiel y ensalzar las virtudes de su arma, sustentando un inmodesto reclamo de reconocimiento.
Fue un inexcusable acto de presión hacia el Poder Ejecutivo y hacia el Poder Legislativo cuando se encara la consideración de un proyecto de ley que tiende reformular el sistema de retiro y pensiones que usufructúan, en particular, los militares de carrera.

Tras el descomedimiento -ultra notorio- se le administró una observación en el legajo funcional. Merecida e insuficiente. Pero, no es este mi tema.
La azarosa reinstitucionalización democrática tiene un debe mayúsculo que admite una formulación aritmética, simple y desgarradora.
En el inicio de mayo último Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos recordaron que, de su nómina de 210 víctimas del terrorismo de Estado -bajo la acción de las Fuerzas Armadas y la Policía-, únicamente se encontraron y restituyeron 15 niños, manteniéndose desaparecidos 3 adolescentes. Los adultos identificados solo han sido 29 (la mayoría en Argentina), resultando apenas 5 en Uruguay, con recuperación incompleta de restos. Asimismo, se desconoce lo sucedido con embarazadas desaparecidas.
Cada acto de vejación, tortura o muerte requiere de uno o más autores. Se trata pues, del cómo, cuándo, dónde, quién/es y por qué.
El poder político estatal, del que es parte la justicia, no ha apresurado los esclarecimientos.

Recién en este año recayó la única sentencia por delito de lesa humanidad condenando al castrense Rodolfo Álvarez.
Las Fuerzas Armadas, bajo el más completo y ominoso secreto confesional, no han hecho su “mea culpa”. Han continuado, como si nada: sin retractación pública y sin pedido de clemencia por actos sistemáticos inhumanos y degradantes, desapariciones y muertes.
Son conocidas las canonjías de la alta oficialidad. Existe un sistema de protección exuberante que debe ser readecuado en todas sus líneas. No solo en lo previsional. Empero, todo ello, podría considerarse poca cosa ante el mayúsculo privilegio de un pacto de silencio tras el cual la orden militar superior se ha escudado, sobrepasando más de tres décadas de impunidad.