Pese a la inminente demolición que pesa sobre 75 viviendas del “Barrio Sur” del balneario, existen muchas versiones sobre el destino final de las mismas, teniendo en cuenta que la mayoría de los propietarios se resisten a cumplir con la última etapa del plan de excelencia dispuesto por las autoridades.
Se trata de un tema de vieja data, que sobrellevaron las administraciones de Adauto Puñales e Irineo Riet Correa y que culminaron en su oportunidad con el plazo otorgado, llegándose a la presentación de recursos por parte de los vecinos afectados. Situación similar se vive actualmente ante el anuncio de drásticas medidas, que comenzaron a movilizar a veraneantes y residentes del balneario, para impedir la demolición de los edificios construidos en la zona costera. En aquella oportunidad las intimaciones incluían las construcciones en ejecución, las que fueron suspendidas mientras se gestionaban los permisos correspondientes. Estas medidas estaban a cargo de la Intendencia y tuvieron amplia repercusión en los medios departamentales y nacionales, teniendo en cuenta que abarcaba los asentamientos irregulares de Punta del Diablo, Barra de Valizas, Aguas Dulces y Cabo Polonio. Se trataba de una decisión ministerial, contando con la aprobación y respaldo de la Intendencia Departamental y órganos judiciales, ante el aumento que venían registrando estas construcciones en toda la costa rochense.
Cabe recordar que el 20 de diciembre del año 1993 la Junta Departamental aprobó una resolución adjudicando al Ejecutivo Departamental una serie de atribuciones para proceder al ordenamiento concreto de Punta del Diablo. El presidente de la Junta en aquella oportunidad, Marcos Carrero manifestó que se trataba de una temática muy compleja, no solo globalmente, sino compleja en cada caso particular, pues no era la misma situación en Aguas Dulces, Punta del Diablo, Polonio o Valizas. Pasan los años y la situación vuelve a reiterarse. Propietarios que no han regularizado, nuevas amenazas y una fiscalización que puede culminar con la demolición de 75 viviendas. Se reiteran de esta manera los acontecimientos registrados en enero de 1993, cuando la Intendencia pretendió encarar una acción definitiva para terminar con los asentamientos, mediante la demolición de un centenar de viviendas. También en aquella oportunidad el tema había concitado la atención de los medios, cuando las palas mecánicas y las topadoras del municipio comenzaron a demoler las viviendas. También los grupos ecológicos tuvieron activa participación en aquella oportunidad al señalar que las medidas municipales se debían aplicar cuando comienzan las construcciones y no cuando las mismas están culminadas, como sucede en esta oportunidad.
Por su parte el Dr. Pedro Algorta, representante de los vecinos señaló que “los ranchos de Punta del Diablo, han sido los motores de un desarrollo turístico y de valores inmobiliarios sin precedentes. El balneario ha crecido en los últimos años, utilizando sus ranchos, como manera de promoción y publicidad del lugar, donde las principales guías turísticas del mundo recomiendan con entusiasmo la visita a este lugar”.
