El tema de la seguridad pública se ha instalado nuevamente en la sociedad fronteriza, con “sensaciones” que responden a causas concretas, mientras de todos los ámbitos se reclama más intervención de las autoridades.
Para el Dr. Carlos Aristimuño (Eco Chuy) “Es una demanda de la sociedad.
La seguridad es un derecho fundamental del individuo y un deber para el Estado. La presencia o no de seguridad en una sociedad condiciona su calidad de vida. Sin seguridad no existe libertad. Una comunidad dominada por el miedo se siente menos libre, retrasa su posibilidad de desarrollo y es un obstáculo para la construcción de una mejor democracia.
Estamos frente a una realidad inocultable, que pega duro a los uruguayos todos los días, en particular a los más pobres, a los trabajadores que todos los días salen a trabajar con temor, ya sea que le roben su casa, en el trabajo, o temen que sus hijos sean víctimas de algún tipo de violencia en la calle o incluso en los centros de estudio. El derecho a la seguridad. La población más joven es la más vulnerable en términos de empleo. Cuando esos jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral, empiezan a desarrollar conductas adaptativas como puede ser la rapiña.
La función de la policía requiere una permanente adecuación a las modalidades delictivas. Necesitamos una mejor policía, esto es, mejor preparada. No es un problema meramente cuantitativo, no se soluciona únicamente teniendo más policías, sino con mejores policías, con mejores salarios, con mayor entrenamiento y con mejores recursos. No obstante la política de seguridad para ser verdaderamente eficaz debe estar integrada a esas otras políticas (social, educativa, laboral, sanitaria, descongestionamiento de las cárceles entre otras).
Los recursos destinados por parte del Estado a la Seguridad Ciudadana la entendemos como una inversión, ya que genera un retorno a la sociedad mejorando la calidad de vida.La sociedad uruguaya ha experimentado dos grandes cambios en las últimas décadas. Uno es el cambio en las formas de empleo, que se hizo más precario. Han crecido el desempleo y el multiempleo la gente necesita más de un trabajo y estos empleos se caracterizan, muchas veces, por ofrecer menores niveles de protección social. El otro gran cambio son las nuevas pautas de pareja: ha crecido el porcentaje de hogares inestables (presencia de uno solo de los adultos, generalmente la madre, y rotación de su pareja) así como el de hogares incompletos (presencia de un solo adulto en el hogar). Estos cambios han impactado negativamente en la manutención del hogar y por ende en la educación de los hijos.
La sociedad uruguaya está en una etapa que tiene que estar alerta para diseñar políticas eficaces para el combate contra la delincuencia.Mientras el deterioro no cese, más necesaria será la fuerza pública para mantener el orden. Muchas veces se confunde mantener la seguridad pública con la represión, pero estas son dos cosas muy diferentes. El Estado tiene un camino importante e insustituible hacia adelante para mejorar los niveles de seguridad a través de la Justicia y la Policía, ya que estas son el último puente existente entre integración y procesos de segregación, no se puede delegar en los individuos la seguridad pública porque, de alguna manera, esa tendencia conduce a una mayor fragmentación de la sociedad.Por todo lo anteriormente expuesto, a mi juicio se debería encarar el tema de la inseguridad desde dos aspectos:
1) Tratar de nivelar las desigualdades dando mayores oportunidades de trabajo, mejorar la educación en valores fundamentalmente a los jóvenes, ocupar el tiempo disponible sobre todo en la práctica de deportes e intentar inculcar lazos familiares más estables (el rol de la familia en la educación de los hijos debe volver a ser fundamental).
2) Tratar de preparar cualitativamente a las fuerzas policiales a las nuevas pautas de inseguridad que han aparecido en la sociedad, dijo finalmente el Dr. Carlos Aristimuño.