No podemos negar que esta frontera ha despertado siempre la sospecha de muchos periodistas que llegan anualmente en busca de la primicia sensacionalista y tendenciosa que logre aumentar el espacio que ocupan en sus distintos medios de comunicación.
Es posible también, que no debiéramos ocuparnos del tema para no darle la importancia que el mismo pretende lograr con estas publicaciones. Sin embargo, tampoco podemos silenciar nuestro malestar cuando estos “enviados especiales” pretenden alterar esta tradicional convivencia signada por la Paz y el respeto entre todas las razas y religiones que integran esta sociedad. No por esto vamos a negar que el tema de la inseguridad sea en la actualidad la mayor preocupación de las autoridades y fuerzas vivas de la frontera, que abordan el tema con las discrepancias naturales que imponen las circunstancias.
Mientras un importante sector de la población es partidario de la “mano dura” para reprimir el delito, reclamando en algunos casos la “ley de vagancia”, justificando la tenencia de armas en los domicilios, las autoridades del Ministerio del Interior rechazan estas posibilidades, señalando que el porte ilegal de armas es el responsable de la inseguridad que vive el país.
Un proyecto enviado por el Ministerio del Interior a la Suprema Corte de Justicia pretende tipificar como delito el porte ilegal de armas, atribuyendo a la proliferación de las mismas la causa fundamental de la inseguridad. Por su parte los técnicos en seguridad han coincidido en que la cantidad de armas en poder de los particulares en forma ilegal se aproxima al millón, mientras el 50 % de esa cantidad se encuentra legalmente registrada.
Fuentes consultadas señalaron que no todas las personas que tienen armas en sus hogares son delincuentes, sino que es la inseguridad que los impulsa a comprarlas “por las dudas”. Para tomar esta decisión se tiene en cuenta el valor de la vida humana que se encuentra en juego permanentemente, aunque las autoridades señalen que esta situación puede generar lamentables derivaciones en el momento de enfrentarse con los delincuentes.
Las estadísticas oficiales señalan que durante los años 2008-2009, la tasa de homicidios en Montevideo se mantuvo estable en 6.5 por cada 100.000 habitantes. También desde otros sectores se viene reclamando la aplicación de la “ley de vagancia” como sucede en Maldonado según dijo a EL PAÍS el vocero de la Jefatura de Montevideo, José Luis Rondan: “Tenemos que decidir qué país queremos. Si queremos que funcione la industria sin chimeneas que es el turismo, no podemos tener a los individuos dando vuelta por ahí, como unos rastrillos”.
